El Gobierno informó nuevas expulsiones administrativas y judiciales en 2026. Revisa qué significan para extranjeros y empresas en Chile.
El 16 de abril de 2026, el Ministerio del Interior informó la salida de un vuelo con 40 personas extranjeras expulsadas de Chile: 26 por medidas administrativas y 14 por orden judicial. El anuncio se enmarca en una política de ejecución permanente de expulsiones y refuerzo del control migratorio.
Según el Ministerio del Interior, durante el primer mes de la nueva administración se concretaron 156 expulsiones, principalmente administrativas. La autoridad también informó 2.101 denuncias por ingreso clandestino entre el 11 de marzo y el 11 de abril de 2026, frente a 6.437 registradas en el período comparable de 2022.
Estas cifras corresponden a información oficial difundida por el Gobierno y deben entenderse dentro del período específico señalado. No significan que toda persona en situación irregular sea expulsada automáticamente: cada medida debe fundarse en una causal legal y tramitarse conforme al procedimiento aplicable.
Una expulsión administrativa es dictada por la autoridad migratoria cuando concurren las causales previstas en la Ley N.º 21.325. Una expulsión judicial, en cambio, deriva de una decisión adoptada dentro de un proceso penal. La autoridad competente, los antecedentes y las vías de impugnación varían según el tipo de medida.
El aumento de la fiscalización refuerza la necesidad de mantener una gestión preventiva del personal extranjero. Un contrato de trabajo no regulariza por sí solo la situación migratoria y tampoco reemplaza la autorización necesaria para desarrollar actividades remuneradas.
Las áreas de Recursos Humanos y Compliance deberían verificar periódicamente:
La existencia de una resolución desfavorable no significa que todos los casos tengan la misma respuesta jurídica. Deben revisarse la notificación, la causal aplicada, los antecedentes personales y familiares y los plazos disponibles para presentar descargos o recursos.
En GMS realizamos auditorías preventivas para empresas, regularizamos situaciones que admiten una solución legal y revisamos resoluciones migratorias para definir la estrategia administrativa o judicial correspondiente. El objetivo es actuar antes de que una contingencia afecte al trabajador y a la continuidad operacional.
Consulta el comunicado oficial del Ministerio del Interior del 16 de abril de 2026.
